En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una
nueva normativa en materia de montes, la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes, a través de la cual se
procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los
espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción
del medio ambiente consagrada por la Constitución Española
y con los principios de gestión forestal sostenibles
que deben informar la ordenación y conservación de los
montes españoles.
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la promulgación
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se han
podido detectar en ella ciertas deficiencias e insuficiencias
concernientes tanto a la correcta definición de las
atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos
de la ley, corresponden a las diferentes Administraciones
públicas, como en la propia ordenación de los mecanismos
de protección y conservación de los montes,
señaladamente, aquellos que tienen que ver con la lucha
contra los incendios forestales y con la protección que
deparan los sistemas administrativos de registro y catalogo
de los distintos tipos de montes. Estas circunstancias
aconsejan acometer una modificación parcial y muy definida
de la ley, en un momento todavía inicial del proceso
social de adaptación de los sistemas de ordenación de los
montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo
de gestión forestal sostenible.