El fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan
graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.
Supone una merma para los ingresos públicos, lo que
afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes
cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios
públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la
actividad de los distintos agentes económicos, de tal
modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben
enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras;
en definitiva, el fraude fiscal constituye el principal
elemento de inequidad de todo sistema tributario.
Frente a los comportamientos defraudatorios, la
actuación de los poderes públicos debe encaminarse no
sólo a la detección y regularización de los incumplimientos
tributarios, sino también, y con mayor énfasis si cabe,
a evitar que estos incumplimientos se produzcan,
haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha
contra el fraude, al tiempo que se favorece el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias.
El fortalecimiento del control y la prevención del
fraude fiscal es un compromiso del Gobierno. En cumplimiento
de dicho compromiso, el Plan de Prevención del
Fraude Fiscal, elaborado por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y analizado en el Consejo de Ministros
el 4 de febrero de 2005, ha supuesto una revisión
integral de los objetivos perseguidos en la gestión del
sistema tributario estatal, con determinación, por un lado,
de las debilidades de éste en relación a la detección, regularización
y persecución de los incumplimientos tributarios
más graves y establecimiento, por otro, de un conjunto
de medidas coordinadas sobre la base de la
experiencia práctica que persiguen mejorar la respuesta
frente al fenómeno del fraude tributario. Si bien es cierto
que las medidas de dicho Plan son de carácter esencialmente
operativo y procedimental, así como organizativo
y de coordinación, no lo es menos que necesitan en ciertos
supuestos de modificaciones normativas que permitan
su realización.